El principio constitucional de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales

  1. Sánchez Muñoz, Óscar
Dirigida por:
  1. M. Paloma Biglino Campos Directora

Universidad de defensa: Universidad de Valladolid

Fecha de defensa: 24 de marzo de 2006

Tribunal:
  1. Manuel Aragón Reyes Presidente/a
  2. Juan José Solozábal Echavarría Secretario/a
  3. Francisco M. Caamaño Domínguez Vocal
  4. Alfonso Fernández-Miranda Campoamor Vocal
  5. Francisco Javier García Roca Vocal
Departamento:
  1. Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado

Tipo: Tesis

Teseo: 132399 DIALNET

Resumen

En la primera parte se aborda la exposición del concepto de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales y de su encaje como principio constitucional, enmarcándolo dentro de la concepción concurrencial de la democracia, propia de los sistemas democráticos contemporáneos. También se hace referencia a la acogida y elaboración doctrinal y jurisprudencial del principio y se comienza a analizar su contenido normativo, distinguiendo entre las dos dimensiones presentes en el mismo: la dimensión negativa, que se puede enunciar como un mandato dirigido a minimizar la influencia en la competición electoral de determinados factores de superioridad (superioridad financiera o mediática, superioridad derivada del ejercicio del poder político), mandato que se proyecta en el ordenamiento a través de medidas restrictivas de la actividad de los sujetos implicados en la competición electoral, y la dimensión positiva, que se puede enunciar como un mandato dirigido a la optimización de la visibilidad de las distintas opciones políticas, el cual se proyecta básicamente a través de medidas prestacionales del Estado. En la segunda parte se aborda el estudio del acceso a la competición, el cual presupone la existencia de los sujetos que acceden. En nuestro Derecho, dichos sujetos son dos: partidos y agrupaciones de electores. Aunque en la tesis no se entra de lleno en la problemática de la libertad de creación de los partidos, sí se hace una breve referencia a los problemas suscitados por la reciente reforma de la legislación española (LO 6/2002) en la medida en que puede suponer una reducción de la oferta electoral. También se aborda el problema de las agrupaciones de electores vinculadas a partidos disueltos. Por otra parte, la conciencia de que en las democracias contemporáneas la capacidad para acceder a la competición electoral se encuentra monopolizada, de iure o de facto, por los partidos, nos lleva a prestar esp