La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en la jurisprudencia y legislación española (del siglo XIX a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)

  1. Fernández Aguirre, Juan Carlos
Zuzendaria:
  1. Alfredo Gallego Anabitarte Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad Autónoma de Madrid

Fecha de defensa: 2003(e)ko abendua-(a)k 09

Epaimahaia:
  1. José Luis Villar Palasí Presidentea
  2. José Manuel Díaz Lema Idazkaria
  3. Pedro Cruz Villalón Kidea
  4. Alejandro Nieto García Kidea
  5. José Manuel Sala Arquer Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 104525 DIALNET

Laburpena

La línea argumental de la Tesis tiene por objeto exponer y explicar el desarrollo legislativo y jurisprudencial de la denominada responsabilidad del Estado en su vertiente de legislador, ante el problema, hoy día en plena vigencia, de que el legislador, al igual que el juez y la Administración, puede responder por los daños causados en aplicación de las leyes que aprueba. Tras un capítulo preliminar destinado a exponer un esquema de las diferentes posturas doctrinales sobre la diferencia entre expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial, así como los medios de garantía de que disponen los particulares frente a la actividad de la Administración, el planteamiento de la Tesis cursa por tres estadios bien diferenciados: A,- El desarrollo histórico de la responsabilidad del Estado a la luz de la legislación y jurisprudencia -siglos XIX y XX-, con examen detenido de la Ley de la Administración de Hacienda Pública de 1.850, legislación sectorial -Aguas, Ferrocarriles y Obras Públicas y daños de guerra-, Código Civil Constitución de 1.931, legislación sobre Régimen Local y LEF. B,- La estructura y teoría de la responsabilidad patrimonial y el fundamento de la misma, aplicable, según la Tesis, a la responsabilidad por hecho de las leyes. C,- El tratamiento actual de la cuestión en la ley y la jurisprudencia, y en particular, la problemática existente tras la vigencia de la Ley 30/92, de 26 de noviembre -art. 139.3-, así como el análisis de la orientación mantenida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del legislador.