La libertad de investigación histórica, la Memoria como discurso histórico y las leyes sobre la historiauna compleja encrucijada

Resumen

El siglo XX, una centuria que ha pasado a la historia como una época marcada por la magnitud de las tragedias y los métodos de destrucción utilizados, conoce en la década de 1980 la emergencia y desarrollo del discurso de la Memoria, el cual, como política sobre el pasado que se plasma en el tiempo presente, persigue tanto el reconocimiento y recuerdo de las víctimas de los sucesos traumáticos como tener un sentido de utilidad pública enfocado a la educación de las nuevas generaciones y a la prevención de futuros conflictos. No obstante, en la determinación del contenido y forma de la narrativa histórica de aquellos sucesos, pueden acaecer tensiones entre la política de la Memoria y la disciplina de la Historia, la cual investiga y estudia los hechos del pasado para su comprensión. Así, la aspiración que pueden tener gobiernos o grupos de interés en proponer una ley como medio para sustentar y proteger una concreta forma de representación histórica hace de la memoria una política de la historia que supone una forma de intervención jurídico-política en el ámbito de los estudios históricos, puesto que una narración histórica que no se ajuste a lo estipulado en las leyes puede ser objeto de sanción penal. En este contexto, el papel del historiador es ambivalente y puede ser tanto el de alguien comprometido con una suerte de «verdad oficial» o, por el contrario, un investigador cuyos trabajos pueden ser considerados ofensivos a la memoria de las víctimas. Este fenómeno de intervención legislativa ha sido patente desde la década de los años 1990 cuando, en un número creciente de países de Europa, han venido promulgándose normas con finalidad sancionadora como forma de evitar cualquier cuestionamiento sobre temas históricos, sobre la base de que dicho cuestionamiento supone una amenaza para la paz pública y un desafío al consenso histórico e ideológico existente tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido una creciente judicialización de la historia. Origen y paradigma de esta intervención del Derecho es el llamado revisionismo histórico -denominado habitualmente negacionismo- de los hechos traumáticos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Holocausto, motivo por el cual hemos tomado revisionismo como referencia en nuestro trabajo, dedicando también un apartado a exponer las características que presenta en nuestro país la política memorial. Sin embargo, la cuestión de si el recurso a la ley para dirimir temas históricos en general o para hacer frente al revisionismo en particular es aceptable y necesario, tanto desde un punto de vista historiográfico como jurídico, ha motivado respuestas críticas que recogemos aquí pretendiendo con ello dar un panorama lo más exacto posible acerca de esta controversia.